Desde el Consejo Nacional Ciudadano denunciamos el riesgo al que se pretende exponer a los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el estado de Nayarit, situación que aumenta el peligro de ser asesinados o amenazados. Esta situación de exposición se genera a partir de una resolución que está determinando el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) sobre hacer pública una carpeta de investigación que integra de manera general las investigaciones en curso de los desaparecidos en el estado.
En meses pasados, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), fue solicitada la versión pública de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAINAY/603/2019. Tras un largo proceso de alegatos e interposición de recursos, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que la información contenida en la carpeta solicitada es de carácter reservado, y entregar esta información, aún sea en versión pública, supone un peligro inminente a la vida, integridad corporal, y seguridad de las víctimas, los familiares y toda persona involucrada en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas del estado de Nayarit. Asimismo, al ser una investigación en curso, se vulneran los principios del debido proceso y de la debida diligencia, lo que pone en riesgo el curso de la misma, y, por lo tanto, el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, verdad y reparación.
El INAI a su vez, resuelve instruir a la FGR para que proporcione a la persona solicitante la versión pública de la carpeta de investigación antes citada, argumentando entre otras cosas que los Estados deben garantizar el derecho de acceso a la información, especialmente cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de violaciones graves de derechos humanos, como acontece en el citado caso. Sin embargo, el derecho a la vida y la seguridad es un derecho qué debe prevalecer sobre el derecho a la información.
Por lo anterior, desde el Consejo Nacional Ciudadano expresamos nuestra preocupación ante este caso y otros de similar naturaleza en los que la información y su divulgación pueda poner en riesgo la seguridad de las personas que intervienen en un procedimiento penal o las investigaciones que se realicen en el mismo. Atendiendo a la Ley General de Víctimas, el Estado tiene el deber de impedir la sustracción y destrucción de los archivos relativos a violaciones de derechos humanos y que, su consulta, tendrá la única finalidad de salvaguardar la integridad y seguridad de las víctimas y de las personas relacionadas, supuesto que en este caso actúa de manera contraria.
También es importante denunciar que por parte de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, se dio un proceso donde quemaron y destruyeron indicios posesorios, ropa y objetos asociados a las investigaciones de desaparecidos, muchas de estas prendas y artículos eran playeras con lagos de la Fiscalía General del Estado vinculados a carpetas de investigación, por lo que las familias acudieron a presentar la denuncia correspondiente misma que ya fue atraída por la FGR y que esperamos pueda caminar en la investigación y sanción de los responsables.
Finalmente, solicitamos al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, reconsidere su resolución y pueda explorar otras opciones que no vulneren los derechos de ninguna de las partes involucradas.